La Audiencia Nacional ha decidido enviar a Barcelona el juicio contra el futbolista brasileño Neymar y sus padres por supuestos delitos de corrupción y estafa en el fichaje del jugador en 2013 por el Barça, al entender que las conductas de su contratación irregular se produjeron en esa ciudad.La sección segunda de la Sala de lo Penal ha decidido estimar la declinatoria de jurisdicción pedida por Neymar y sus padres y enviar la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona, donde "se desplegaron las estrategias y conductas criminales engañosas" para fichar al jugador de manera irregular.A esta petición de cambio de jurisdicción se adhirieron los demás acusados en la causa, conocida como el caso "Neymar 2": el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu; su antecesor Sandro Rosell; el propio club catalán; el Santos -equipo brasileño del que provenía Neymar cuando fue fichado por el Barça- y N&N, la empresa de la familia del jugador.La sala ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía y ocurre así lo mismo que con la primera causa abierta en la Audiencia Nacional por el fichaje del jugador, el denominado caso "Neymar 1", que culminó en un acuerdo en la Audiencia de Barcelona por el que el Barça pagó 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales eximiendo a Rosell y Bartomeu.Esta nueva causa fue abierta a raíz de una denuncia del fondo de inversiones DIS, que tenía un 40% de los derechos federativos del delantero y se sintió estafado al no haber cobrado todo lo que debía por el fichaje.La Fiscalía pide 2 años de prisión y diez millones de euros de multa para Neymar, actualmente jugador del PSG francés, y 5 años de cárcel para Sandro Rosell, recientemente absuelto de blanqueo de comisiones supuestamente recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Futbol Ricardo Teixeira.También solicita 2 años de prisión para el padre de Neymar y 1 para su madre, ambos como presuntos autores de delitos de corrupción en los negocios, el mismo que le imputa al hijo. A Bartomeu solo le acusa DIS, que pide una pena de 5 años de cárcel."Los hechos con relevancia penal fueron cometidos en Barcelona" y "a instancias del Futbol Club Barcelona", concluye ahora la sala, que atribuye a Rosell, entonces presidente del equipo, "una intervención relevante en toda la secuencia de los hechos".Recuerda el tribunal que fue en la ciudad catalana donde se firmó con Neymar en 2011 un contrato falso de préstamo para asegurar su fichaje y donde luego, en 2013, Rosell y Bartomeu decidieron adelantar su contratación a ese año "sin contar con la autorización de la junta directiva" del Barça.Los pagos de esos contratos fraudulentos se hicieron además desde Barcelona a Brasil. Por ello, dice la sala, fue en la ciudad catalana "donde se desplegaron las estrategias y conductas criminales engañosas", donde "se produjeron los desplazamientos patrimoniales" y "donde se tomaron las decisiones encaminadas a tal fin y donde se produjeron los efectos delictivos".El Barcelona primero dijo que el fichaje del brasileño costó 40 millones para después aumentar esta cantidad a 57 millones, si bien la Fiscalía cree que a esa cantidad hay que sumarle lo pagado en los contratos fraudulentos, lo que superaría los 70 millones que el club tiene como tope en su política de fichajes, ya que ascendería a 83.El tribunal aplica así el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su regla general de que el juzgado o tribunal competente es el del lugar donde se cometieron los hechos.Rechaza los argumentos de las acusaciones de este caso, que alegaron que la competencia es de la Audiencia Nacional porque parte de los hechos se cometieron en Brasil y recordaron también la cantidad de resoluciones firmes dictadas por la Audiencia Nacional en la causa.Este fichaje ya se investigó en la Audiencia Nacional en otro procedimiento, que pasó asimismo a un juzgado de Barcelona y en el que el club azulgrana y la Fiscalía llegaron a un pacto que exoneraba a Bartomeu y Rosell.A cambio, el Barcelona reconoció haber cometido dos delitos fiscales en el fichaje del internacional en 2011 y 2013 y se comprometió a pagar una multa de 5,5 millones de euros.