Juez investiga al Barcelona por cohecho tras registro de Guardia Civil a sede de Comité de Árbitros

La Guardia Civil registra este jueves las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la sede de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en Las Rozas, Madrid, para recabar documentación relacionada con el caso Negreira, después de que la decisión del juez que lo instruye de imputar un delito de cohecho al FC Barcelona y a los directivos del mismo investigados.

Fuentes de la investigación informaron a EFE de que efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se presentaron en torno a las 9:00 horas locales en la sede de la Federación en busca de documentos y tres horas después del inicio del registro continuaban en la sede del CTA.

Las mismas fuentes han precisado a EFE que no se prevén detenciones en esta actuación, ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el caso.

En paralelo al registro, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

De esa forma, el delito de cohecho se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se atribuían a los investigados.

En el marco de esa causa, que se abrió a raíz de una denuncia el pasado marzo de la Fiscalía Anticorrupción, el juez investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018, y que, según el club, respondían a informes sobre arbitrajes.

El juez, no obstante, sospecha que los pagos pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de futbol" en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.

En su último auto, el magistrado justifica la imputación del delito de cohecho -que castiga los sobornos para obtener favores de funcionarios públicos- en sus sospechas de que el exvicepresidente del CTA y su hijo recibieron durante 18 años pagos del FC Barcelona a cambio de procurar los "efectos arbitrales deseados" por el club, lo que implicaba "desigualdad de trato" para el resto de equipos.

Pese a que Negreira no era funcionario como exige el delito de cohecho, el juez considera, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición "a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos" de los mismos.