Nuevo Estadio de Monterrey podría ser demolido por una demanda

Abrió sus puertas a la afición desde el pasado 2 de agosto, pero el nuevo estadio de Rayados sigue envuelto en polémica; la casa de La Pandilla corre el riesgo de ser demolida si prospera una demanda.

El grupo ciudadano “Colectivo en defensa de La Pastora” espera el fallo que en unos cuantos días emitirá la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a una demanda interpuesta hace cuatro años.

En entrevista a Mediotiempo, Claudio Tapia, representante legal de dicho grupo ambientalista y ecologista integrado por ciudadanos, explicó que con esta demanda solicitan se anule el Manifiesto de Impacto Ambiental Particular (MIA-P) que la SEMARNAT otorgó a FEMSA para la construcción del inmueble en 24 hectáreas del bosque La Pastora, asegurando que el permiso se dio con una serie de irregularidades.

“El juicio se llama de nulidad, la demandada es la SEMARNAT y lo que nosotros demandamos es que el Tribunal declare que la autorización de la MIA se anule, porque fue ilegalmente otorgado; declarada la nulidad de la MIA, lo que jurídicamente procede es la demolición del estadio, la reparación de daños y perjuicios causados durante su construcción, los gastos y acciones necesarias para restituirle al bosque y al río su dignidad de origen”, explicó Tapia.

En dicha demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con el expediente 991/13-EAR-01-3/810/15-PL-10-04 el “Colectivo en defensa de La Pastora” señala cinco agravantes con las que consideran se debe dar una sentencia que anule la MIA otorgada por la SEMARNAT a FEMSA para la construcción del estadio de Rayados.

“La primera y que es básica es de carácter topográfico, desde que se formó el Parque La Pastora, desde los tiempos de Martínez Domínguez (ex gobernador de Nuevo León), estuvieron mal las coordenadas y colindancias del bosque La Pastora; la parte deslindada que se le dio en concesión a FEMSA corresponde a un terreno que está en Cadereyta, NL”, detalló.

Dichas coordenadas erróneas, Claudio Tapia afirma que fueron corregidas por el extesorero de Nuevo León, Othón Ruiz, sin que tuviera las facultades para hacerlo. “El tesorero en la época de Natividad González, en un oficio, excediendo facultades y sin ningún respaldo legal, por sus ‘pistolas’, rectifica las coordenadas y dice ‘es cierto no estaban bien y ahora van a ser así’; SEMARNAT da por suficiente esta rectificación y otorga la MIA”, señaló el activista.

Otra agravante que menciona es que Tonatiuh Mejía, quien fue el representante del Fideicomiso Empresarial para la construcción del estadio, nunca mostró el poder para comparecer ante las autoridades y solicitar la MIA. “El poder que exhibió es solamente para puros actos de administración interna, es decir para remover y cambiar personal, no tenía facultad para dirigirse a una autoridad federal y a una delegación en el Estado”, afirmó Tapia.

Entre los puntos señalados también se encuentran los daños ambientales que se realizaron en la zona de 24 hectáreas que fue cedida en comodato por 60 años, en la cual se talaron árboles, se atentó contra especies protegidas y se desvió el cauce de una cuenca tributaria del Río La Silla, sin ninguna autorización, aseguró el litigante.

Los 11 magistrados integrantes de la Sala Superior serán quienes decidan la resolución del caso, pero Tapia es consciente si la sentencia es en contra de la SEMARNART y FEMSA, la empresa apelará y esto traerá un nuevo capítulo a esta disputa legal.

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