El Sporting de Portugal le pagó a árbitros la temporada pasada para conseguir alzarse como campeón de balonmano tras 16 años sin ganar la competición, denuncia este martes el supuesto intermediario de esas transacciones, que están siendo investigadas por la Fiscalía lusa.
Sporting compró a árbitros para ser campeón de balonmano en 2017
El amaño de partidos también se hizo presente en Portugal, donde le llegaron a ofrecer 1,500 euros a los oficiales.
Paulo Silva, quien afirma haber actuado sobre todo por su fidelidad al club verdiblanco, cuenta que llegó a hablar directamente con los árbitros, a los que prometió sumas de 1,500 euros, en declaraciones al diario " Correio da Manhã".
Su objetivo no era solo que se favoreciera al Sporting, sino que se perjudicara al gran rival para alzarse con el trofeo, el Oporto.
En este sentido, y según consta en un mensaje enviado por Silva que publica el diario, se compró el favor arbitral para un encuentro entre el Benfica y el Oporto, que debían ganar los primeros para ampliar la distancia que ostentaba el Sporting como líder de la tabla.
"Ya me he encargado de ello. Les dije (a los árbitros) que si ganamos les doy un regalito, les hablé del valor, claro. Y les dije: ‘mira, queremos ser campeones. Si las cosas estuviesen complicadas, eh... tienen que echarnos una manita'. Él (un árbitro) me garantizó que no nos van a perjudicar", puede leerse en el mensaje.
Dicho texto, escrito por Silva, fue enviado a João Gonçalves, otro de los intermediarios de una red que, siempre según Correio da Manhã, estaba dirigida por André Geraldes, mano derecha de su actual presidente, Bruno de Carvalho.
Por su tarea, Silva asegura haber recibido comisiones de 350 euros, aunque insiste en que no actuó por interés económico, sino para " combatir el fraude que ya existía en las modalidades".
En este sentido, afirma que todo comenzó por un árbitro que se ofreció a "colaborar" porque decía ser seguidor del Sporting, y que finalmente no recibió dinero.
Las afirmaciones de Silva están siendo ya investigadas por la Fiscalía lusa, que indicó en un comunicado remitido a medios portugueses que el proceso está "bajo secreto judicial".