BARCELONA, España - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz propuso juzgar al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y a su predecesor en este cargo, Sandro Rosell, así como al propio club por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del brasileño Neymar.
Propusieron juzgar a Bartomeu y Rosell por caso Neymar
El juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y a su predecesor en este cargo, Sandro Rosell.
En un auto, el juez concluye la instrucción del caso Neymar y considera que Rosell, Bartomeu y el club (en este caso como persona jurídica) pudieron incurrir en hasta tres delitos fiscales por las cuotas que el Barça habrían dejado de pagar a Hacienda por el fichaje en 2011, 2013 y 2014.
Según el juez, el fichaje costó al club un total de 83.371.000 euros frente a los 57,1 millones que declaró el Barça en sus cuentas, a lo que se sumaría la cantidad defraudada a Hacienda, un total de 13 millones de euros.
En relación con la responsabilidad del Presidente Bartomeu, el auto destaca su protagonismo "tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento (la contratación de Neymar) como en el desarrollo del fichaje y, por ultimo, en relación al conocimiento, asunción y autorización de los pagos vinculados a dicha contratación ocurridos en 2014".
Al actual presidente del club se le procesa por un delito fiscal en el último ejercicio, cuando Bartomeu continuó actuando con la misma "mecánica defraudatoria" que su predecesor.
El juez destaca que los ahora procesados incurrieron en un fraude fiscal de un total de 13 millones de euros, de los cuales 2,4 millones correspondieron al año 2011, 6.756.052 euros a 2013 y 3.845.065 euros a 2014.
Respecto a Rosell, Ruz asegura que fue quien "ideó la operación" para que el club pagara menos a Hacienda y añade que ocultó la cantidad real del fichaje a los socios, pese a que en una asamblea celebrada el 5 de octubre de 2013 varios de ellos le preguntaron por el coste, que él entonces mantuvo que fue de 57,1 millones de euros.
Esta cantidad fue la que se incluyó en las cuentas anuales de la sociedad, destaca el juez, "sin proporcionar en la memoria ninguna otra información adicional", comportamiento de Rosell que "en realidad habría ocasionado un perjuicio económico al club al no incluir en la contabilidad" las cantidades de adquisición del jugador.
De esta manera, para cuadrar las cuentas el club tuvo que extraer las cantidades que sirvieron para el fichaje de otras partidas, "simulando operaciones que no tenían como base una relación mercantil real".